Los beneficiarios tienen derecho a reclamar judicialmente al fiduciario por los daños y perjuicios causados.
El fiduciario tiene responsabilidad legal de actuar en el mejor interés de los beneficiarios, y su incumplimiento puede derivar en sanciones y en la obligación de rendir cuentas ante las autoridades competentes.
No obstante, esto depende del marco legal de cada país.